Tras el anuncio de las clases públicas, empezó el rumor de que los profesores “obligan” a los estudiantes a participar de “sus” luchas. Esto generó confusión y sobre todo desinformación entre la comunidad universitaria. En otras palabras, una operación política de la derecha universitaria, que una vez más, se encuentra en contra de la defensa de la educación pública.
Por María Chachagua
Este lunes la asamblea interclaustro universitaria conformó la Multisectorial en Defensa de la Educación Pública, en la que se resolvió reclamar por el incremento salarial para los docentes universitarios; pero también exigir inmediato aumento del presupuesto universitario; demandar la eliminación de las “listas negras” de SAETA y que se garantice el pleno ejercicio del boleto gratuito, derecho obtenido por los estudiantes, e impulsar una ley de Boleto Educativo Nacional. En esta asamblea también se definió que este martes 10 de mayo se realicen clases públicas, algunas en el centro de la ciudad, más precisamente en la plaza 9 de Julio; y otras en el predio de la Universidad. Las cátedras que adhirieron a esta medida de lucha informaron en el transcurso de la tarde de ayer las convocatorias a los estudiantes. Esto generó en el estudiantado diversas reacciones, desde el apoyo y acompañamiento; hasta la negativa, descontento y reacciones adversas. 
Uno de los rumores más fuertes fue que el que aseguraba que en las clases públicas se tomarían asistencia, este fue el eje de mayor polémica. Un rumor generado intencionalmente con un trasfondo oscuro para generar el desconcierto e inconformidad entre los estudiantes. Y eso provocó consultas como “¿qué pasa si no podemos ir?”; “¿tomaran asistencia?”. Y a la vez la respuesta tajante de los mismos que generaron el rumor “EL PARO SE DECRETÓ SIN ASISTENCIA”. Entre dimes y diretes se generaron fuertes intercambios entre las diferentes posiciones acerca de la medida de lucha; lo cual celebramos mientras el debate se dé en el marco del respeto. Pero también hubo crecimiento de rumores con intencionalidad poca productiva, que sólo generaron desinformación. Hubo afirmaciones como que este tipo de clases públicas son un atropello a los derechos estudiantiles; y que los profesores hacen una utilización instrumental de los estudiantes. Desde esa perspectiva “no legitiman” estas convocatorias. 
Se entiende y sobre todo se respeta las diferentes posiciones, esto también es libertad de expresión. Pero de allí a generar rumores con la única intención de desinformar y confundir, es sólo una acción para atacar y desacreditar acciones legítimas. Nadie obligó a ningún estudiante a participar de estas clases ni a sumarse a la lucha. Sólo se realizaron las convocatorias para que los estudiantes no pierdan clases pero con el objetivo de visibilizar la problemática en ámbitos públicos. Evidentemente, el trasfondo es político, como siempre, disputas partidarias de la derecha universitaria con egoísmos e intereses ajenos a los intereses del pueblo, con los que se aprovechan para generar información falsa y difundir mensajes intencionales para confundir y provocar desconcierto. Una operación política, de pequeñas dimensiones, pero con alcance y consecuencias. Por eso es necesario denunciarlo, hacerle frente, porque nada de lo que se rumorea es cierto. La lucha seguirá porque el contexto nacional no es nada alentador; y no es casualidad que estos espacios políticos de la derecha universitaria apoyaron y apoyan al gobierno actual que es el principal responsable del vaciamiento de las instituciones del estado, de la desfinanciación de nuestras universidades y el atropello a los derechos de todos los ciudadanos de nuestro país.
La polémicas valen, las posicionamiento políticos se respetan, las mentiras NO.
Columna de opinión: María Chachagua
Fotos: Camila Staudenmayr
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