La actividad estuvo organizada por el Partido Obrero y la Ujs; y contó con la presencia de Alejandra Cebrelli, Mónica Menini y Gabriela Cerrano como panelistas invitadas.
Estudiantes, militantes de organizaciones de mujeres y personas interesadas se dieron cita este martes a la tarde en la UNSa, para debatir sobre la derogación del decreto n° 1170 que apela por el acceso pleno al aborto no punible.
El panel comenzó con la participación de Alejandra Cebrelli, docente e investigadora de la carrera de Comunicación, integrante de la RED PAR(para una comunicación no sexista) quien abrió su exposición parafraseando a Rita Segato quien plantea que la violencia contra la mujer es una inscripción del poder de ciertos cuerpos sobre otros. Hizo además referencia a la práctica del chineo, como una costumbre muy común en el lugar donde sucedió la violación de Juana. Por otro lado resaltó que “los derechos humanos no tienen partidos políticos” y que los medios se hicieron eco debido a que el caso provocó una pueblada.
Seguidamente, fue el turno de Mónica Menini integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y defensora en el caso de Juana. Resaltó que el caso de Juana por las implicaciones y el contexto en que se dio, da lugar a un reclamo internacional debido a las falencias que se produjeron en el sistema estatal, reclamo que se efectuará en dos organismos por los derechos vulnerados: en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer).
“El derecho al aborto es un derecho que existe hace 100 años y en el caso de Juana se han dado todas las causales que permiten el aborto no punible. Tanto la violación como las malformaciones, son peligros potenciales que dan la facultad de pedir al Estado un aborto no punible” remarcó. Se refirió además a la situación que se vive en la justicia salteña, que lejos de facilitar, obstaculiza el protocolo “En menos de dos años, hay cuatro juris debido a estos temas, y siempre es porque se vulneró el derecho de una niña violada, aun así no prosperó ninguna sanción”.
La senadora provincial Gabriela Cerrano por su parte hizo hincapié en que junto a su bloque intentó por vía parlamentaria que se derogue el decreto n° 1170 y planteó que el protocolo es restrictivo porque judicializa y por la restricción de doce semanas de gestación. Además resaltó que es “junto con el de Buenos Aires el más restrictivo del país”. También responsabilizó al Estado por la situación de abandono que sufrió la niña wichí y pidió deslindar responsabilidades entre los funcionarios y ministerios que debían haber actuado con rapidez.
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